razones contra legalización drogas en España

11 razones contra la legalización de las drogas

“Aumenta el consumo, no ayuda al drogadicto y no evita el tráfico”, afirma el ex delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas

11 razones contra la legalización de las drogas No es verdad que “legalizar todas las drogas” pueda combatir el narcotráfico y las enfermedades que llevan asociadas, como afirmaba el pasado 6 de febrero Joan Saura. El ex delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Miguel Solans Soteras, cuestiona las irresponsables manifestaciones de Saura y asegura que la legalización “aumenta el consumo, no ayuda al drogadicto y no evita el tráfico” de estupefacientes. En un artículo de opinión publicado por LA VANGUARDIA tres días después de que Saura, consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, hiciera sus declaraciones a TV3, Solans argumenta hasta un total de 11 razones contra la legalización de las drogas. “La reciente intervención del conseller Saura, con un claro sentido electoral, de defender la legalización de todas lasa drogas, me lleva a plantear una serie de reflexiones que creo pueden servir de modesta base para afrontar este delicado problema”, dice el experto. Hasta 11 argumentos Aunque no estén relacionados en el mismo orden en que los presenta Solans Soteras en su artículo, éstos son los 11 argumentos del ex delegado del Gobierno para decir ‘no’ a la legalización de las drogas sugerida por Saura: 1. Todo negocio lícito importante origina un mercado negro tan importante o más (petróleo, armas, obras de arte, metales preciosos, tabaco...) 2. La legalización no supondría la desaparición de los actuales capos productores: éstos pueden organizarse en oligopolio como oferentes legales. Sus medios económicos se lo permiten y presionan a favor de la legalización, bajarían los precios, pero éstos se compensarían con un mayor volumen de venta-consumo. 3. La legalización es una medida que no puede llevarse a cabo en un solo país. 4. La posibilidad de acuerdo internacional en este sentido es remota. La posición en contra de la comunidad internacional está recogida en la convención del año 1988, suscrita por todas las naciones del mundo. 5. Es preciso definir qué se quiere legalizar: ¿La heroína, la cocaína, el hachís, las anfetaminas? ¿Todas o sólo alguna de ellas? 6. También hay que responder a: ¿Para quién se legaliza? ¿Para los mayores de edad? ¿Para los que ya son drogadictos? ¿Para los que conscientemente desean empezar a serlo? 7. Si se legaliza sólo para mayores de edad, ¿cómo se impide que haya un mercado ilegal para los menores? Si sólo se legaliza para drogodependientes, ¿cómo se identifican y censan? ¿Cómo se impide el tráfico ilegal desde los identificados y controlados hacia los que no quieren darse a conocer (razones familiares, laborales...) o lo son esporádicamente? ¿Qué pasa si quieren más dosis de las recetadas? 8. Si se venden libremente productos muy tóxicos como las drogas, ¿cómo puede mantenerse el control drástico sobre los medicamentos precisamente para evitar los efectos secundarios indeseados? La acción administrativa del Estado en ese terreno quedaría deslegitimada. 9. En el caso de accidentes, ¿qué responsabilidad legal asumen el Estado y los profesionales que participan en la distribución? ¿Cómo puede evitarse una sobredosis? ¿Cómo se evita que se compartan jeringuillas? ¿Se le ha explicado al contribuyente que deberá sufragar la distribución de unas drogas legales a través de una red pública? 10. El abaratamiento de la droga no equivale a erradicar la delincuencia. Ejemplo: en Nueva York, hoy mismo, donde los precios han disminuido drásticamente, la delincuencia ha seguido aumentando. 11. La legalización parcial y controlada ya existe en España: en todas las comunidades autónomas hay programas de administración de metadona para heroinómanos censados. Su resultado es modesto y no ha erradicado el problema. Solans Soteras cierra su artículo contra la legalización, entre otras, con las siguientes conclusiones: “aumenta el consumo; no favorece la recuperación y la reinserción del drogadicto; no ayuda al drogadicto; no desaparecería el tráfico, las mafias seguirían existiendo; permite la autodestrucción del individuo; el abaratamiento no erradicaría la delincuencia; el coste económico de las drogas legales deberá sufragarlo el contribuyente; y la acción del Estado quedaría deslegitimada al permitir la venta de productos tóxicos con efectos secundarios”.