Frente a los crecientes hechos de violencia que se vienen registrando en elpaís –como la masacre de 12 jóvenes y un niño recién perpetrada en el pueblo de Creel, Chihuahua-; considerando que se trata de una violencia que se ejerce principalmente sobre los sectores más pobres y marginados de la sociedad (campesinos, migrantes, comunidades indígenas y urbanas socialmente excluidas); ante la tentación de buscar la solución únicamente en el incremento de las penas y en el reforzamiento de los policías y los cuerpos de seguridad, la Compañía de Jesús en México y elSistema Universitario Jesuita (SUJ) integrado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana León, Universidad Iberoamericana Torreón, Universidad Iberoamericana Tijuana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Loyola del Pacífico-Acapulco y el Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk–Oaxaca- Mixe, desean MANIFESTAR lo siguiente:
Es imprescindible, en primer lugar, reconocer que la violencia se encuentra estrechamente relacionada con la injusticia social, la impunidad y la corrupción.Por lo mismo, junto con las medidas judiciales, es urgente desarrollar alternativas educativas, laborales y de recreación que permitan avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, en la que una distribución de los recursos más equitativa permita a los niños y jóvenes superar la tentación de la delincuencia y la ilegalidad. Reconocemos que la seguridad pública es un derecho humano y, por tanto, debe ser garantizado como tal por todos los órdenes de Gobierno. Junto con lo anterior, sin embargo, nos interesa dejar en claro que la defensa, protección y vigencia de los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para combatir la delincuencia, es un medio fundamental para lograr la plena justicia.
No se puede combatir al crimen con la ilegalidad.
Consecuentemente, demandamos avanzar en la depuración y modernización de los organismos y sistemas de procuración y administración de justicia, así como garantizar la protección de los ciudadanos y el respeto a la legalidad en las acciones que se emprendan. En este sentido, además de las medidas que se tomen directamente contra los delincuentes, proponemos:
1.-Establecer mecanismos concretos de rendición de cuentas por parte de la autoridad acerca de su responsabilidad en el combate al crimen y la inseguridad.
2.-Investigar con prontitud y eficacia tanto las denuncias de delitos así como las de uso indebido del sistema de justicia penal por parte de los servidores públicos o por particulares.
3.-Desarrollar procedimientos de investigación que prioricen el uso de pruebas periciales con base científica a fin de evitar sentencias que dependan únicamente de las declaraciones de sospechosos, de declaraciones arrancadas bajo amenaza o tortura, o de testimonios insuficientemente verificados.
4.-Restringir el alcance de la jurisdicción militar para que el personal militar acusado de perpetrar violaciones de derechos humanos sea investigado y juzgado por autoridades civiles.
Los Jesuitas de México y el Sistema Universitario Jesuita queremos hacer patente nuestro repudio a toda injusticia e impunidad.
Es imprescindible, en primer lugar, reconocer que la violencia se encuentra estrechamente relacionada con la injusticia social, la impunidad y la corrupción.Por lo mismo, junto con las medidas judiciales, es urgente desarrollar alternativas educativas, laborales y de recreación que permitan avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, en la que una distribución de los recursos más equitativa permita a los niños y jóvenes superar la tentación de la delincuencia y la ilegalidad. Reconocemos que la seguridad pública es un derecho humano y, por tanto, debe ser garantizado como tal por todos los órdenes de Gobierno. Junto con lo anterior, sin embargo, nos interesa dejar en claro que la defensa, protección y vigencia de los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para combatir la delincuencia, es un medio fundamental para lograr la plena justicia.
No se puede combatir al crimen con la ilegalidad.
Consecuentemente, demandamos avanzar en la depuración y modernización de los organismos y sistemas de procuración y administración de justicia, así como garantizar la protección de los ciudadanos y el respeto a la legalidad en las acciones que se emprendan. En este sentido, además de las medidas que se tomen directamente contra los delincuentes, proponemos:
1.-Establecer mecanismos concretos de rendición de cuentas por parte de la autoridad acerca de su responsabilidad en el combate al crimen y la inseguridad.
2.-Investigar con prontitud y eficacia tanto las denuncias de delitos así como las de uso indebido del sistema de justicia penal por parte de los servidores públicos o por particulares.
3.-Desarrollar procedimientos de investigación que prioricen el uso de pruebas periciales con base científica a fin de evitar sentencias que dependan únicamente de las declaraciones de sospechosos, de declaraciones arrancadas bajo amenaza o tortura, o de testimonios insuficientemente verificados.
4.-Restringir el alcance de la jurisdicción militar para que el personal militar acusado de perpetrar violaciones de derechos humanos sea investigado y juzgado por autoridades civiles.
Los Jesuitas de México y el Sistema Universitario Jesuita queremos hacer patente nuestro repudio a toda injusticia e impunidad.
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